A soñar, mi amor

Vale Sorin pregunta...cómo debería ser la política pública de lectura de los próximos 5 años

Una política pública para los próximos 5 años debería evaluar las iniciativas ya iniciadas, profundizar y sostener las más valiosas, reencauzar presupuestos y esfuerzos que se estén dilapidando y articular entre sí a todos los agentes que intervienen en el campo con lo mejor que tengan para sumar y aportar.

Debería garantizar un curso de acción estable, ya que los resultados no se conseguirán en el corto plazo.

Debería incluir a las inciativas de la sociedad civil sin pretender cooptarlas sino fortalecerlas, empoderarlas y articular con ellas. La participación de las ONG es garantía de la continuidad de las políticas, más allá de los cambios propios de las gestiones estatales y son contralores de la transparencia y pertinencia de las inversiones, así como anfitriones de espacios de diálogo y reflexión sobre lectura independientes.

Debería adoptar un concepto de lectura claro, democrático, que atienda a la urgencia de la acción y también al rigor epistemológico, ideológico, académico. Sí o sí debería considerarse a la lectura como derecho. Hoy, distintos ministerios o distintas áreas dentro de los ministerios difunden muy distintas ideas de lectura y muy diferentes modos de hacerlo, lo cual confunde a la población, en especial a los docentes.

Debería reforzar su marco legal en todas las instancias y niveles de gobierno posibles, en téminos de coherencia teórica, ideológica y de garantía de presupuestos regulares, continuos y autónmos.

Debería aspirar a la universalidad y probar también iniciativas piloto que luego puedan generalizarse.

Una política publica de lectura NO ES un programa de compra y distribución de libros, aunque incluya esos deberes. Y esas tareas no deberían estar disociadas de las de fomento lector, como ocurre hoy en la práctica.
No puede eludir la formación de mediadores, apoyar al capital humano que sostiene el fomento lector en el país. 
Debería apostar a la lectura en sí, a la libertad y condiciones de la práctica y no a la animación ni a la generación de eventos, ni a lo entretenedor.

Buenos planes de lectura requieren infraestructura y cobertura territorial. También criterios de acción común en las provincias, aunque no homogeneizantes, sino que contemplen la diversidad cultural y las iniciativas y los valores locales. Las propuestas deberían tener pocos ejes, simples, sistematizables a los que se pudieran agregar las prioridades jurisdiccionales. Que incluyan a la escuela y a la población juvenil pero que no descuiden el fomento de la lectura en otros ámbitos y entre los adultos (que son los que tienen el verdadero problema con la lectura). 

Debería ponerse propósitos claros, ambiciosos, evaluables periódicamente en términos cuali y cuantitativos de formación de lectores, objetivos que no confundan metas con cantidad de acciones. Para ello debería generar sus propios instrumentos de investigación y no limitarse a ser medida sólo con varas ajenas como la de la prueba PISA.

Finalmente, Argentina debería aportar a las políticas públicas de lectura de la comunidad internacional a la que ha decidido pertenecer y dejar de hacer seguidismo de las agendas, conceptos y propuestas de organismos internacionales neocoloniales financiados por países dominantes en los cuales se promueven una idea de la lengua, de la circulación de los bienes culturales y de la lectura en sí que responden a intereses políticos no compatibles con los intereses de nuestro país y latinoamérica.

Ojo, no me preguntaron por una política de promoción de los autores argentinos, la literatura nacional y las editoriales del país, que eso es otro capítulo.